El pasado 25 de marzo, 24 organizaciones de 8 países, entre ellas el JRS Colombia, el JRS LAC y el CDH UCAB, promovieron una audiencia ante la CIDH para hablar de la “Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia del COVID-19”
En la audiencia se presentaron testimonios de las vulneraciones ocurridas con la militarización de las fronteras, entre ellas, las deportaciones, detenciones, la imposibilidad de acceder a la condición de refugiado y la separación de las familias, entre otras. Es por esto que la CIDH hace un llamado a los Estados de la región a adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.
La CIDH expresa su preocupación por la creciente militarización de las fronteras y destaca que persiste la utilización de medidas tendientes a: 1) externalizar el control migratorio; 2) desplegar las fuerzas armadas, policías militares y otros cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza; 3) aumentar la aplicación de la detención migratoria, y procedimientos de deportación o expulsión que no aseguran las garantías del debido proceso; y 4) limitar el acceso a los territorios de los Estados y a procedimientos migratorios, de asilo o de protección internacional, especialmente utilizando la pandemia y las medidas de respuesta como justificación, afectando también a la migración de retorno de connacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado de la CIDH para que los Estados cesen estas prácticas, y consideran que es inadmisible que los Estados aprovechen la pandemia para militarizar sus fronteras. Por eso instan a que, se garantice la movilidad humana en la región y la regularización de personas migrantes y solicitantes de asilo con medidas que tengan en cuenta los enfoques diferenciales, la protección de la unidad familiar y el respeto al principio de no-devolución; y que se aborden las causas estructurales que impulsan a las personas a migrar forzadamente.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que los Estados deben brindar respuestas eficaces para atender el fenómeno del aumento de los ingresos por pasos irregulares y su impacto en el pleno ejercicio de sus derechos. Y alertan acerca de las dificultades para acceder a los sistemas de salud y los diferentes programas sociales, enfatizando que la condición migratoria no puede ser un obstáculo para recibir la atención sanitaria, incluida la vacunación contra el COVID19.
Por último, vale la pena recordar las palabras de Julissa Mantilla, relatora para migrantes, asilo y refugio, quien en su intervención recordó la importancia de abordar estas situaciones desde la fraternidad y el respeto por la humanidad, consagrados en el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, enfatizando que los derechos humanos no dependen de un pasaporte, ni de la nacionalidad. La CIDH rechazó las reacciones de xenofobia que aumentan los riesgos para los migrantes, e invitó a la sociedad civil para monitorear los efectos de las decisiones adoptadas por los países.
Ver el pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Comments