La Red Jesuita con Migrantes CANA (con el liderazgo del PRAMI de la Ibero de Ciudad de México y el JRS México) junto a organizaciones y redes aliadas (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Franciscans International y Red Franciscana para Migrantes) lanzan un llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan con las recomendaciones que órganos y mecanismos internacionales han hecho en el marco de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan con ellas.
En concreto, en el marco del 103º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), y de la carta de seguimiento enviada por el Comité al Estado Mexicano, a través del comunicado estas organizaciones nos sumamos al análisis que hace el Comité sobre la falta de implementación (o la implementación insatisfactoria) de muchas de las recomendaciones que el Comité hizo en 2019. En particular, a casi dos años, aquellas recomendaciones realizadas sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio o protección complementaria, la implementación no sólo ha sido insatisfactoria, sino que incluso ha habido una regresión.
En el comunicado se conecta este incumplimiento a un marco de voluntad política determinada "un contexto de políticas migratorias de militarización, criminalización, detenciones sistemáticas y uso de la fuerza, que fomentan la discriminación contra personas migrantes y solicitantes de refugio", agravado en la pandemia.
El comunicado repasa algunas de estas violaciones con casos que no sólo se han acompañado sino que han sido documentados en estos años. Junto a las prácticas de política migratoria restrictiva respecto al flujo centroamericano, hay una expresión de racismo institucional en los comportamientos ante la migración forzada haitiana y extracontinental (África y Asia), que se expresa en la no adopción de un enfoque diferencial ni de un planteamiento integral en la acogida.
Hay una doble responsabilidad, la ejercida directamente frente a estos colectivos, sin atender a las necesidades específicas, y además "se ha fomentado la xenofobia y discriminación en contra de las personas que ingresan por la frontera sur", por ejemplo con la vinculación repetida de la migración forzada y la extensión de la pandemia COVID19.
El análisis general de la política migratoria implementada por México es desolador, se entiende en situaciones concretas como las del campamento La Esperanza, en el Chaparral, Tijuana, o con la situación de menores no acompañados en las que seguimos observando prácticas de detención arbitraria, separación familiar, negación a la solicitud de asilo, entre otras.
Como organizaciones compuestas por mujeres y hombres defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, denunciamos el acoso, la hostilidad permanente, la vigilancia y difamación, las agresiones que vivimos. El papel de la sociedad civil es clave en la respuesta humanitaria y en la protección, rol que incumple sistemáticamente el Estado Mexicano y que, aún más allá, persigue y hostiga a quienes efectivamente lo realizamos.
Expresamos la tremenda preocupación por la falta de información en el seguimiento de las recomendaciones del CEDR, la falta de acciones positivas es un debilitamiento y negación del acceso a derechos fundamentales de cientos de miles de personas migrantes forzadas.
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