Fecha: 19 de Junio de 2024
El pasado 13 de junio se realizó en la Universidad Javeriana, el evento paralelo 40 años de la declaración de Cartagena: aprendizajes y retos para Colombia, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, Fundación Mahuampi, WOLA y la Red Jesuita con Migrantes para Latinoamérica y el Caribe - RJM LAC.
Este espacio público fue una oportunidad para identificar los principales aprendizajes y retos de la aplicación de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena en Colombia a cuarenta años de su adopción, en una conversación que reunió a expertas de la academia, la sociedad civil y organismos internacionales. La intención de hacerlo en el marco del Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) respondía a la oportunidad de contar con la presencia de académicos, pues fue desde este sector donde nació la Declaración.
El evento se dividió en dos paneles. El primero, moderado por Stephanie López Villamil, investigadora The Local Engagement Refugee Research Network (LERRN), trató sobre los retos. El segundo moderado Laura Dib, Directora del Programa Venezuela de WOLA, sobre las oportunidades que trae la aplicación de la Declaración de Cartagena. En este enlace puede ver la grabación del evento: https://lc.cx/hv59zt
El panel de retos contó con la participación de Lizbeth Gramajo, de la Universidad Landívar de Guatemala y coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica Norteamérica, quién hizo un paralelo con la realidad que se vive en Centroamérica. Lizbeth resalta que la principal dificultad es la aplicación de la definición ampliada que propone Cartagena, a pesar que esta se creó para responder a las guerras de los años 80 en esa región. Ejemplo de esto es el caso de las personas nicaragüenses que han tenido que salir por la crisis sociopolítica que se vive desde el 2018 y de la cual se han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, a pesar de esto, países como Costa Rica, uno de los principales países receptores, exige pruebas a las personas que solicitan asilo, lo que desconoce los diversos informes sobre la realidad del país vecino.
También remarcó que el desafío que existe de la aplicación de Cartagena para comprender las nuevas causas que obligan a las personas a desplazarse, como los desastres socioambientales, recordó lo ocurrido con los huracanes Eta e Iota en donde muchas personas se vieron obligadas a salir de su territorio pero, sin encontrar protección alguna en otros países. Con estas dos ideas insistió en la importancia de continuar la incidencia para generar una voluntad política en donde los Estados apliquen la definición ampliada desde un entendimiento integral de la multicausalidad.
De parte de organismos internacionales estuvo presente Georgina Quiñonez, Oficial Asociada de Reasentamiento de ACNUR Colombia, quien identificó cinco retos que se viven en la región y en el país. El primero de ellos, las situaciones de inestabilidad en los países que genera el desplazamiento de personas a países colindantes, siendo una de las mayores dificultades contribuir a que las causas raíz desaparezcan. Conectado con ello, se encuentra la complejidad de atender a los movimientos mixtos que requieren de una respuesta de asistencia humanitaria y de protección, y que pueden encontrarse con actitudes de xenofobia en los territorios. A ello se suma el recrudecimiento de políticas migratorias sobrepuestas con las políticas de soberanía nacional, lo que impacta en el acceso y garantía del derecho al refugio.
Como tercer elemento señaló la necesidad de fortalecer los marcos legales en los países por dos razones: por un lado, los criterios de admisibilidad en el proceso de solicitud de la condición de refugiado han generado vacíos procedimentales que conllevan a trabas administrativas que impactan en las decisiones de protección internacional; de otra parte, no se han establecido criterios de priorización lo que ha dejado que personas con alta vulnerabilidad se queden por fuera del sistema. A esto se añade la baja capacidad institucional, humana, financiera y técnica de los Estados para dar respuesta a las solicitudes de protección internacional. Finalmente, enfatizó que en el caso de Colombia la persistencia del conflicto armado lleva a que persistan desplazamientos transfronterizos en donde las personas siguen en búsqueda de refugio en otros países.
En participación de las organizaciones de sociedad civil María Teresa Urueña, de la Red Jesuita con Migrantes LAC, subrayó cuatro mensajes clave para tener presentes en el Plan de Acción de Chile. El primero, la vigencia de la Declaración de Cartagena para proteger a las personas en la región requiere de voluntad política para su implementación. Lo segundo, la importancia de hacer frente a las políticas de contención que han primado en la respuesta migratoria, en contraste con la acogida e integración basadas en el acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) promovidas en los últimos planes de acción para prevenir las migraciones sucesivas.
Lo tercero, como lo expresó Lizbeth en la primera intervención, la importancia de comprender las nuevas causas que originan desplazamientos como son los desastres socioambientales y los efectos adversos del cambio climático, sobre los que el Plan de Chile podría proyectar una respuesta en materia de protección. Finalmente, insistió en la importancia de facilitar la participación de personas refugiadas desde la diversidad voces para que sean ellas quienes presenten sus necesidades y se acuerden acciones pertinentes desde la política pública para dar respuesta a estas. Se hizo un llamado para que Cartagena siga siendo una respuesta al modelo de contención, así como un signo de esperanza para construir una América Latina y caribeña que protege, acoge y es hospitalaria con las personas que se desplazan forzadamente.
El panel de oportunidades contó con la participación de Ana María Moreno, consultora del Banco Mundial, quien invitó a repensar la narrativa que plantea a las personas refugiadas como carga en los países de destino, y más bien, verlas como una oportunidad de desarrollo. Para ahondar en esta idea describió que la economía de los países se beneficia de las capacidades y atributos que traen las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Resaltó que uno de los grandes obstáculos de las personas solicitantes de asilo en Colombia es la imposibilidad de trabajar hasta ser reconocidas, un proceso tarda más 3 años. Por esto, remarcó la necesidad de que existan políticas y normativas que promuevan la inclusión, integración e inserción socio económica para abrir las puertas al desarrollo.
Adicionalmente, puso en contexto que América Latina es una de las regiones donde más se migra, el Informe de Desarrollo Mundial del BID (2023) estimó que había 41 millones de personas migrantes, refugiadas, desplazadas y en riesgo de apatridia. Y mostró la oportunidad que pueden surgir si hay políticas que permitan su inclusión como son: el aumento de la demanda agregada para la adquisición de bienes y servicios; la expansión del bono demográfico, incrementa la población en edad de trabajar; el aumento del aporte fiscal por parte de personas migrantes; la dinamización del mercado, y la generación de empleos cuando se crean emprendimientos. Allí hizo un llamado a la importancia de lograr programas de convalidación de títulos que permitan una inserción adecuada para consolidar estas oportunidades.
Las cifras recabadas en la región sobre los aportes que generan las personas migrantes en los países de destino evidencian por ejemplo que, en Colombia por cada peso invertido en la población migrante retornan 2 pesos al país en trabajo, consumo e impuestos. En Perú, por cada sol invertido retornan 4 soles en impuestos. En Costa Rica las personas migrantes aportan el 7% de Producto Bruto Interno según informe del Fondo Monetario Internacional en 2023. En Panamá el total de impuestos recaudados de población migrante alcanzaría el 4,2% de la recaudación fiscal total del país, equivalente a USD 203 millones. En Ecuador se estima que 0,4% de los ingresos fiscales fueron generados por personas migrantes venezolanas, es decir USD 43 millones. Y en Chile la población migrante contribuyó con 0,8% del crecimiento del PIB, aunque, este país tiene políticas restrictivas en temas de migración. Las cifras evidencian las oportunidades para el desarrollo, por ello, la importancia de la voluntad política para promoverlas para lograr la autosuficiencia de las personas solicitantes de asilo y refugiadas.
De parte de las organizaciones de sociedad civil participó Gisela Serrano, vicepresidente y fundadora de Fundación Mahuampi Venezuela, quien desde su experiencia como persona refugiada relató los retos que vive la población hizo un llamado a comprender qué significa ser una persona refugiada en el país y con ello abrir la puerta para abordar las políticas de manera pertinente. Hizo un llamado a reconocer que persiste una situación de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela que obliga a que la gente salga de su territorio, realidad que se ha invisibilizado luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Resaltó además que se requiere contar con cifras actualizadas del número de persona que están llegando a Colombia para responder a sus necesidades y promover un marco de regularización que este abierto de manera permanente, luego de la culminación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) el 31 de enero de 2021, lo que ha dejado un gran porcentaje de personas en situación irregular.
Por otro lado, evidenció como el salvoconducto entregado a las personas solicitantes de asilo no permite buscar trabajo de forma regular, lo que crea un mayor obstáculo para esta población en necesidad de protección. Situaciones que si se abordan integralmente podrían generar una mayor oportunidad de integración y garantía de derechos para las personas que se encuentran en el país.
Complementado a estas intervenciones participó Gracy Pelacani, de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, quién trajo a colación la Sentencia SU 543-23 que ordenó al gobierno promover una reforma al sistema de refugio en Colombia en un plazo de seis (6) meses - que se cumplen en agosto del presente año-, con el objetivo de proteger los derechos de Dorotea Capielo de Romero. Esta sentencia aborda la necesidad de expedir una política pública para resolver la problemática estructural de saturación y congestión en el trámite de las solicitudes de refugio, además, de establecer la importancia de ajustar la regulación para fijar un término procesal para resolver las solicitudes de refugio e implementar criterios de priorización con enfoque diferencial en la tramitación de solicitudes de refugio.
Para la académica uno de los obstáculos de la solicitud de refugio bajo la Declaración de Cartagena es la carga probatoria que recae sobre las personas que deben demostrar al Estado que su vida y seguridad están en riesgo, además, que el formulario actual tiene un límite de palabras que restringe la argumentación y detalle de cada caso. A ello se suma que no hay claridad sobre la cantidad de solicitudes aceptadas por Cartagena, uno por el tiempo tan extenso para dar respuesta, pero, también por la poca transparencia en las cifras de la Cancillería sobre este proceso.
Alertó que hay una narrativa en los documentos oficiales en donde indican que las organizaciones abusan de la figura de refugio, y ello lo contrasta con el porcentaje de personas que llegan al final de este trámite, que son solo el 5,2%. Las razones para abandonar el trámite se vinculan con los largos tiempos de espera para tener una respuesta - más de 3 años -; y porque el salvoconducto otorgado mientras dura la evaluación impide trabajar. Por otra parte, otra razón es la competencia entre el acceso al refugio y la posibilidad de regularización a través del ETPV que condicionó su acceso a la obligación de renunciar al refugio. Para finalizar su intervención preguntó: ¿qué pasa con las personas que no llegan hasta el final del proceso o tienen una respuesta negativa y no pueden regresar a su país? E insistió en la necesidad de contar con un sistema que garantice un asilo de calidad.
Ligia Bolívar, moderadora y co-organizadora del espacio, señaló que los mensajes expresados en el evento servirán para incidir con el gobierno colombiano y en la tercera consulta temática se realizará en Bogotá el 19 y 20 junio de 2024. Señaló también que es necesario que el Plan de Acción de Chile 2024-2034 que se construye durante el año 2024 tenga un enfoque integral e interseccional que garantice los derechos humanos desde la interdependencia y sensibilidad de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y apátridas, y que se aleje de las respuestas de política migratoria restrictiva y militarista que se ha acentuado en la región.
