Más de 50 organizaciones y redes del continente americano, representantes de de la sociedad civil, entre ellas la RJM en su conjunto, la CPAL, y numerosas organizaciones ligadas en la red, se han unido para hacer explícita la enorme vulnerabilidad a la que este contexto de crisis sanitaria somete a las personas migrantes y refugiadas. La inacción o la acción negligente de los estados puede agravar el acceso a derechos y la salvaguarda de las personas migrantes y refugiadas en el continente.
Las Américas, 30 de marzo de 2020.- Frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19, en el continente americano las personas migrantes y solicitantes de protección internacional se han visto impactadas de manera extrema ante las respuestas estatales de cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.
En las últimas semanas se han denunciado múltiples situaciones de riesgo y violaciones a los derechos humanos de la población migrante y refugiada, entre ellas, la situación de personas migrantes venezolanas varadas tras el cierre de fronteras en Colombia y Brasil ; la detención de al menos 80 migrantes haitianos en Guatemala; el cierre de la fronteras entre México y Estados Unidos a solicitantes de asilo, así como el aumento de deportaciones de personas mexicanas y centroamericanas; la falta de condiciones sanitarias adecuadas y el alto riesgo de contagio en estaciones migratorias, centros de detención y en centros de cuarentena para las personas ya deportadas; la represión violenta por parte de la Guardia Nacional mexicana ; el desbordamiento de la capacidad de albergues de sociedad civil ; entre muchos casos más.
Frente a estos hechos y ante la posibilidad de que la población migrante y solicitante de protección internacional se vea aún más impactada en las próximas semanas y meses, las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a los Estados de la región para tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud, integridad personal y vida de esta población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.
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