En el marco de las negociaciones bilaterales de carácter securitista y antimigrante que la administración Trump adelanta con distintos países del continente, el gobierno de Costa Rica establece una colaboración que desconoce la protección debida y los derechos humanos y atenta contra la dignidad de las personas migrantes forzadas.
Compartimos. y nos sumamos a la nota pública de alarma y denuncia del SJM Costa Rica, que hace pública hoy.
San José, 18 de febrero 2024
En el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica expresamos nuestra más profunda preocupación y alertamos a la sociedad costarricense y a toda la comunidad internacional:
El gobierno de Costa Rica anunció ayer que “colaborará con el gobierno de Estados Unidos para la repatriación de migrantes”. El primer vuelo comercial de personas deportadas llegará el día de hoy y serán trasladadas de inmediato al centro conocido como El CATEM, en el cantón de Corredores, fronterizo con Panamá. Ahí, permanecerán encerradas hasta que sean enviadas a sus países. Exigimos información pública sobre las condiciones en las que estas personas están ingresando al país, la atención y protección que se les prestará, el tiempo de reclusión que deberán soportar, los mecanismos con los que se garantizará el traslado a sus países de origen. Y lo más alarmante: el horror que deben estar sintiendo las personas que no pueden, por razones de seguridad personal y familiar, regresar a los países de lo que tuvieron que huir. ¿De qué formas se respetará la normativa internacional que ha suscrito Costa Rica en materia de Refugio y Derechos Humanos?
Se empieza a sentir con más fuerza en los cantones fronterizos de Costa Rica (tenemos evidencia en Los Chiles y Corredores), la presencia de gran cantidad de personas, familias con niños, niñas, bebés y adultas mayores, en estados sumamente precarios, luego de haber desistido de su travesía para ingresar a Estados Unidos. Ahora emprenden un doloroso retorno a sus países de origen o intentan encontrar un punto seguro de permanencia en México, Centroamérica u otro país del continente. ¿Quiénes se van a responsabilizar por estos grupos de personas agotadas, enfermas, agredidas y asustadas? ¿De qué manera podemos exigir respuesta oportuna a los gobiernos?
La desfinanciación que está golpeando duramente a las organizaciones de sociedad civil, basadas en la Fe y a otras instancias internacionales, por las recientes disposiciones de la administración Trump, reduce de manera drástica la atención humanitaria y otros servicios básicos que necesitan con urgencia las personas migrantes forzadas en la ruta migratoria. La crisis humanitaria de las personas migrantes y refugiadas está adquiriendo dimensiones insospechadas.
¡Despertemos por favor costarricenses, hermanas y hermanos americanos! ¿Vamos a bajar los brazos y consentir las imposiciones externas que no hacen más que contribuir a la desesperanza absoluta que embarga a tantos seres humanos que sufren estos atropellos?
La dignidad humana no puede ser aplastada de esta manera. Costa Rica, país de paz, de valores democráticos, de justicia social, de solidaridad y de hospitalidad está a las puertas de ser un cómplice más.
Karina Fonseca Vindas
Directora Nacional
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
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