Ante los hechos ocurridos en Colombia en el marco de la movilización social de los últimos días en el país, el JRS Colombia hizo un llamado al Gobierno Nacional para que garantice y proteja los derechos constitucionales relacionados con el derecho a la vida, la protesta social y la defensa de los derechos humanos de todos los colombianos/as.
Junto a muchas otras manifestaciones de una respuesta militarizada y desproporcionada que hemos identificado en varias ubicaciones del país, el JRS Colombia, en el desarrollo de su acción en la ciudad de Buenaventura, identificó el uso desproporcionado de la fuerza púbica a través de un escuadrón del ESMAD, para frenar manifestaciones del Paro Nacional en la comunidad indígena del Resguardo Nasa-Embera-Chami, pertenecientes al Cabildo Nasa Kiwe (corregimiento la Delfina), afectando a la comunidad y acompañantes de la manifestación. Junto al JRS de Colombia, nos sumamos al llamado al Gobierno Nacional al respeto absoluto y al mantenimiento de la neutralidad frente a manifestaciones ciudadanas de protesta no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar políticas gubernamentales, tal como lo dicta la Corte Suprema de Justicia frente a la violencia policial. (ver comunicado) (Ver comunicado del JRS/COL)
Foto: Archivo CRIC
Contextualización:
La movilización social que inició el pasado 28 de abril se ha visto empañada por hechos de violencia, represión y uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de la Policía, situación que incrementó con la militarización de algunas ciudades. La Campaña Defender la Libertad, plataforma que ha monitoreado lo ocurrido da cuenta a 3 de mayo de 2021 de “305 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 23 sufrieron lesiones oculares. 47 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones. 11 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución. 18 personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía. 988 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles” (Reporte del 4 de mayo). Por su parte, la Defensoría del Pueblo registra “19 fallecidos en Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid, (Cundinamarca), Medellín y Pereira”, cifras aun por esclarecer. Adicionalmente, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas, de ellas 107 personas continúan desaparecidas. Algunos de estos hechos han sido registrados por el CINEP/PPP.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su portavoz en Ginebra, manifestó su preocupación por los acontecimientos ocurridos en Cali, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes matando e hiriendo a varias personas. Y recordó que los Estados tienen la responsabilidad de proteger los DDHH y facilitar la reunión pacífica, que la Fuerza Pública debe respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad, y que las armas deben usarse como último recurso. La CIDH recordó los estándares interamericanos que disponen que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
Particularmente, en Colombia luego de un extenso conflicto armado que ha dejado más de nueve millones de víctimas, se debe insistir en el respeto de los derechos humanos, entre ellos el derecho a vivir en una sociedad en paz y libre de los efectos de la guerra. Es indispensable rechazar los actos de violencia, sin distinción de su autoría, y en el caso que sean cometidos por civiles son las autoridades judiciales las encargadas de determinar su responsabilidad garantizando la legitima defensa y el debido proceso; así como asegurar el acceso a la justicia en los casos de abuso y violencia estatal.
Desde la RJM-LAC insistimos en el respeto de los derechos humanos como base fundamental para el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Con esto, se puede consolidar el Estado Social de Derecho y así promover vías de diálogo que tiendan puentes de reconciliación y justicia social asegurando que las personas puedan vivir con dignidad, libertad y seguridad en sus territorios.
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