A raíz del estado de excepción decretado en las provincias fronterizas por parte del gobierno chileno, el SJM-Bolivia se trasladó hasta la frontera de Pisiga para conocer de primera mano el impacto de esta medida entre la población migrante y los habitantes de la región.
Foto: SJM-Bolivia
El gobierno chileno decretó el Estado de Excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y del Loa, por los hechos de violencia ocurridos al norte del país. Esta decisión está generando una nueva crisis migratoria en la frontera entre Bolivia y Chile que afecta a migrantes y locales, siendo los primeros los más vulnerables.
De acuerdo con el SJM-Bolivia, “Esta medida afecta a toda persona que desee ingresar a territorio chileno, y si salen de Chile, se les prohíbe el retorno, por esta razón grupos de personas bolivianas –que viven y trabajan en Chile– también están varados en Pisiga. A este grupo se suman los interminables grupos de personas venezolanas que llegan a esta población”. Aunque la mayoría de migrantes son de Venezuela, en las calles de Pisiga se observan también personas haitianas, colombianas, entre otras.
Entre las preocupaciones del SJM-Bolivia se encuentran que:
A nivel local, no fue posible el intercambio comercial de la feria quincenal que se desarrolla a lado y lado de la frontera, generando disgusto entre locales que ven a las personas migrantes como responsables de lo ocurrido.
Algunos grupos de migrantes venezolanos que pernoctan en Pisiga hace varios días, cuentan que los pobladores, especialmente comerciantes, no les dan un buen trato y están subiendo los precios de los productos y alimentos. Muchos de estos grupos viajan con niños y adolescentes.
Las autoridades chilenas recondujeron a un grupo de 50 personas bolivianas que fueron llevadas hasta la Aduana Boliviana y no se pudo saber las condiciones de retorno al país.
Ciudadanos/as bolivianos/as, residentes en Chile temen perder su trabajo porque no pueden ingresar a territorio chileno.
Mientras la frontera está abierta para el transporte de mercancías y cerrada para las personas, aumenta la dinámica de tráfico de migrantes, quienes se someten a pagar "guías" que les ayuden a cruzar la frontera en condiciones de mayor riesgo.
A lo anterior se suma la intensificación del resguardo militar en el lado chileno, especialmente en el camino de trocha, donde las personas bolivianas, venezolanas y haitianas, junto a su equipaje, esperan un milagro para poder pasar. Mientras el panorama muestra que esto es imposible, “son los múltiples rostros que están presentes en la frontera Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile), donde el comercio se vive en paralelo al tráfico de personas y con la misma naturalidad con la que se transporta el contrabando”.
Esto ocurre en medio de la entrada en vigencia del Reglamento de la nueva Ley de Migración chilena que trae entre sus novedades la figura de reconducción y reembarco (art 153 del reglamento), que permiten trasladar a la frontera a las personas que hayan entrado eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no. Aunque la ley no introduce ningún cambio en el procedimiento para solicitar refugio, de facto, esta figura en medio del estado de excepción, puede impedir que solicitantes y personas en necesidad de protección accedan al procedimiento de refugio, aun sabiendo que el ingreso irregular no debe ser obstáculo para acceder a este derecho y que en un estado de excepción no se suspenden los derechos humanos.
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