Desde la dimensión de incidencia de la RJM CANA se continúa con el seguimiento constante del contexto migratorio regional. En la reunión del mes de abril de 2024 fue posible constatar que a pesar de que ha transcurrido un año desde el fin del Título 42, se ha mantenido la contención y externalización migratoria en toda la región. Si bien el Título 42 pretendió ser una medida de salud pública aplicada en el contexto de la pandemia por Covid-19, la realidad es que se utilizó como una herramienta efectiva para mantener a las personas migrantes fuera y restringir el derecho al asilo.
El 11 de mayo de 2023 a las 11:59 p.m. terminó formalmente la aplicación de este Título y fue un momento que causó gran expectativa, sin embargo, en el análisis de contexto que hemos realizado desde las obras que conformamos la RJM CANA hemos confirmado que en este último año los muros se han multiplicado. Estos muros invisibles, construidos a base de políticas y restricciones, mantienen alejadas a las personas migrantes y les impiden acceso a la protección y seguridad en los países de destino. Algunos de los hechos que evidencian esta situación son:
La promulgación de la Regla de Elusión de Vías Legales, una acción ejecutiva implementada el 11 de mayo de 2023 mediante la cual las personas migrantes son penalizadas por solicitar asilo en los puertos de entrada sin una cita en la aplicación CBP One.
El número limitado de citas a través de CBP One, los largos tiempos de espera y la falta de claridad sobre el tiempo de espera genera estrés entre la población varada a lo largo de la frontera México – EE. UU. Esta situación hace que algunas personas recurran al cruce fronterizo irregular, frustrando así el propósito original de la medida (ver informe de JRS USA y Boston College).
Se han establecido acuerdos bilaterales entre EE. UU. y países de América Latina de los cuales no se tiene suficiente información. Por lo general, estos acuerdos están dirigidos a impedir que las personas migrantes puedan moverse dentro de la región y busquen acceder a vías regulares. A pesar de que estas medidas buscan que los migrantes no se expongan a más riesgos en la ruta migratoria, vemos que en la práctica los migrantes continúan buscando la manera de llegar a los EE. UU. exponiéndose a mayores peligros. La violencia que enfrentan las personas migrantes es cada vez más evidente y en aumento de prácticas crueles.
Se ha constatado que personas migrantes mexicanas han estado siendo coaccionadas para que regresen voluntariamente a México convenciéndolas de que no tienen derecho al asilo y amenazándolas con un castigo de no poder ingresar por cinco años si no firman el “retorno voluntario”.
Vemos con preocupación algunas medidas tomadas en países de la región, por ejemplo, la suspensión de operaciones de la organización Médicos sin Fronteras en Panamá, la reanudación de vuelos de deportación desde Cuba y la continuación de las deportaciones hacia Haití, a pesar de los altos niveles de violencia y la ausencia de un gobierno funcional.
Por tanto, a pesar de que hace un año finalizó la aplicación del Título 42, el acceso pleno al derecho al asilo en EE. UU. sigue siendo una promesa incumplida. Las fronteras en toda la región permanecen cerradas y las personas migrantes continúan expuestas a mayores riesgos y vulnerabilidades, mientras tanto son las organizaciones humanitarias y de sociedad civil quienes asumen la responsabilidad de atenderles. Ante este contexto, desde la Red Jesuita con Migrantes seguimos abogando por medidas y políticas migratorias que prioricen la migración informada, acompañada y protegida.
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