El pasado 9 de julio de 2024, en el marco de las audiencias públicas del 190º período de sesiones que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se desarrolló de forma virtual la audiencia de oficio regional “La protección de los derechos de las personas refugiadas a 40 años de la Declaración de Cartagena”, con el objetivo de contribuir a las consultas regionales y decisiones que tomaron los Estados en el marco del proceso Cartagena+40, y aportar insumos al contenido de la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024, así como al mecanismo de seguimiento que se busca implementar.
La CIDH invitó a participar a organizaciones de la sociedad civil, instituciones y personas interesadas. La Red Jesuita con Migrantes tomó la oportunidad de aportar a este importante espacio. A partir de las experiencias de acompañamiento de las diversas obras que hacen parte de esta Red, se compartieron las perspectivas y propuestas que se han expuesto a lo largo de las consultas temáticas y que se consideran relevantes para que la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024 garanticen enfoques de derechos humanos y de protección integral apegados a los estándares del sistema interamericano.
La intervención estuvo liderada por Constanza Castillo -del Servicio Jesuita a Migrantes Chile- y Annie Rodríguez -del Servicio Jesuita a Migrantes Costa Rica-, quienes señalaron que la aplicación de la Declaración de Cartagena debe ser revisada a la luz de la tendencia de políticas migratorias restrictivas que han priorizado un enfoque securitista y de externalización de fronteras. También resaltaron que, a pesar de que la Declaración es un instrumento que amplía la definición de causales por las cuales las personas pueden solicitar refugio en otro país, persisten obstáculos como la inaplicación o aplicación discrecional según los determinantes políticos para que este derecho sea garantizado. Estas dificultades se han acentuado para poblaciones más vulnerables e invisibilizadas como la haitiana, nicaragüense, apátridas, entre otras.
Asimismo, hicieron un llamado a comprender la crisis de protección que ocurre en los corredores migratorios y pasos fronterizos críticos como un síntoma de las políticas que no protegen a las personas en su país de origen o en terceros países. Por ello, se hizo énfasis en la necesidad de aprovechar la oportunidad que brinda el proceso de Cartagena +40 para promover un diálogo político que permita la cooperación entre Estados desde una respuesta coordinada con enfoque de derechos humanos.
Se hizo la invitación a rechazar las acciones en donde los alambres de púas y los muros se muestren como solución y a propender por fronteras protectoras, de forma que estos territorios sean espacios de articulación transfronteriza para la gestión y atención de necesidades de las personas.
Se hizo mención especial de los desplazamientos por desastres socioambientales y por efectos del cambio climático, insistiendo en la urgencia de tomar acciones inmediatas para garantizar la protección de quienes se desplazan por este motivo. Por ello, se instó a que esta sea incluida como una causal objetiva en sí misma y adicional a las ya reconocidas. Para sustentar esta petición, se habló del enfoque socioambiental que permite visibilizar los impactos de las economías extractivas que acentúan el deterioro ambiental y las desigualdades estructurales.
Para cerrar la intervención, se continuó con el llamado a permitir la participación de las organizaciones en las negociaciones del segundo semestre y, además, que se establezca un mecanismo permanente de seguimiento a los compromisos que se adquieran en el Plan de Chile 2024, incluyendo indicadores para evaluar los avances y que permita una participación efectiva de las organizaciones lideradas por las personas refugiadas, la sociedad civil y la academia.
Finalmente, se resaltó que la Declaración de Cartagena es un instrumento regional protector en sí mismo, y que al buscar la articulación con otros instrumentos puede generarse un alcance limitado si estos no son vinculantes o no se alinean a lo que esta establece. Por eso, nos unimos al llamado que hizo la CIDH al final de la audiencia para que el Plan de Chile sea una oportunidad de honrar la tradición de solidaridad latinoamericana y que, como hemos insistido en las anteriores consultas, se consoliden acciones efectivas de garantía de protección integral para migraciones dignas.
Intervención de la Red Jesuita con Migrantes:
En el siguiente enlace puede ver la audiencia completa: https://www.youtube.com/watch?v=yXp49bsQ57E
Fecha de publicación: 10 de julio de 2024